lunes, 15 de septiembre de 2014

A propósito de la Reforma política

La “cacareada” reforma política que hoy debate el Congreso, tiene en vilo al país político, dado el inmenso interés para quienes tienen en mira su participación en la contienda electoral de octubre de 2015.
Y es que temas como la unificación de periodos deja en suspenso el deseo de renuncia de muchos funcionarios públicos a quienes se les estaría venciendo el plazo para ello.
Desde luego iniciativas como la que el Estado financie la totalidad de campañas a corporaciones públicas, la obligatoriedad de listas cerradas, limitar a 3 periodos la reelección de congresistas, mantener la inhabilidad de un año al vicepresidente si desea ser candidato presidencial, elevar a 25 años de experiencia en la rama judicial  para poder ser nombrado magistrado de una alta corte, permitir reemplazo en el congreso por licencia de maternidad de sus aforadas, mantener a la Contraloría los controles de advertencia, crear un tribunal conformado por de 9 magistrados en remplazo de la Comisión de Acusaciones, quitarle al presidente la función de presentar terna de candidatos a Procurador, permitir al contralor General designar contralores locales, eliminación de la Auditoría General de la República y del Consejo Superior de la Judicatura, mantener la silla vacía por delitos contra la administración pública, eliminar la reelección para todo tipo de servidores públicos, permitir a congresistas ser candidatos a Alcaldías y Gobernaciones previa renuncia a la curul, eliminar la llamada puerta giratoria entre las altas cortes y aumentar a 70 años la edad de retiro forzoso solo para magistrados, ha generado reacciones positivas al proyecto de reforma política.
No obstante, hay quienes consideran que órganos de control estatal (Contralor, Procurador, Fiscal) deberían estar en manos de los congresistas de partidos políticos diferentes a los del Presidente, o en su defecto en las universidades para que ellas los escojan a través de concurso de méritos, lo mismo para los magistrados de las altas cortes, quienes deben llegar por mérito judicial y no por tiempo de ejercicio dado que ello no garantiza idoneidad y transparencia judicial. Otra divergencia radica en aumentar la edad de retito forzoso a 70 años, pues ello puede conllevar a una “gerontocracia” judicial, dicho retiro debería darse una vez alcance su pensión. Redacción Jairo Cala Rodríguez revistapiramide.co

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