La
“cacareada” reforma política que hoy debate el Congreso, tiene en vilo al país
político, dado el inmenso interés para quienes tienen en mira su participación
en la contienda electoral de octubre de 2015.
Y
es que temas como la unificación de periodos deja en suspenso el deseo de
renuncia de muchos funcionarios públicos a quienes se les estaría venciendo el
plazo para ello.
Desde
luego iniciativas como la que el Estado financie la totalidad de campañas a corporaciones
públicas, la obligatoriedad de listas cerradas, limitar a 3 periodos la reelección
de congresistas, mantener la inhabilidad de un año al vicepresidente si desea
ser candidato presidencial, elevar a 25 años de experiencia en la rama judicial para poder ser nombrado magistrado de una alta corte, permitir reemplazo en el
congreso por licencia de maternidad de sus aforadas, mantener a la Contraloría los
controles de advertencia, crear un tribunal conformado por de 9 magistrados en
remplazo de la Comisión de Acusaciones, quitarle al presidente la función de
presentar terna de candidatos a Procurador, permitir al contralor General
designar contralores locales, eliminación de la Auditoría General de la
República y del Consejo Superior de la Judicatura, mantener la silla vacía por
delitos contra la administración pública, eliminar la reelección para todo tipo
de servidores públicos, permitir a congresistas ser candidatos a Alcaldías y
Gobernaciones previa renuncia a la curul, eliminar la llamada puerta giratoria
entre las altas cortes y aumentar a 70 años la edad de retiro forzoso solo para
magistrados, ha generado reacciones positivas al proyecto de reforma política.
No
obstante, hay quienes consideran que órganos de control estatal (Contralor,
Procurador, Fiscal) deberían estar en manos de los congresistas de partidos
políticos diferentes a los del Presidente, o en su defecto en las universidades
para que ellas los escojan a través de concurso de méritos, lo mismo para los
magistrados de las altas cortes, quienes deben llegar por mérito judicial y no por tiempo
de ejercicio dado que ello no garantiza idoneidad y transparencia judicial. Otra
divergencia radica en aumentar la edad de retito forzoso a 70 años, pues ello
puede conllevar a una “gerontocracia” judicial, dicho retiro debería darse una
vez alcance su pensión. Redacción Jairo Cala Rodríguez revistapiramide.co
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